Exclusiva desde Honduras

	Tegucigalpa, 16 Jul (Notimex).- La Corte Suprema de Justicia de Honduras aclaró que no ordenó la expulsión del país del despuesto presidente Manuel Zelaya, si bien reconoció haber emitido una orden de captura en su contra. En una entrevista con el diario local La Tribuna, el presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, indicó que el allanamiento de la casa de Zelaya y su captura el 28 de junio se realizó mediante una orden judicial emitida el viernes 26 de junio. Esa noche, Zelaya convocó al Cuerpo Diplomático acreditado en este país para informarle que contra viento y marea el domingo 28 se realizaría la consulta sobre la Cuarta Urna. Dicha encuesta había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacionales, entre otras instituciones. La consulta era para que la población dijera sí o no a la instalación de una "Cuarta Urna" en las elecciones generales encaminada a aprobar la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se presume redactaría una nueva Constitución. La Constitución prohibe la reelección presidencial y establece cárcel para quienes promuevan cambios en los artículos sobre el particular. "La Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura en ese momento contra el señor José Manuel Zelaya Rosales y autorizó el allanamiento de su vivienda para ser capturado", revela el rector del Poder Judicial. Rivera Avilés, se menciona para sustituir en la presidencia interina de Honduras, en caso que Roberto Micheletti decidiera renunciar, para evitar un baño de sangre, tal como se anunció ayer y como parte de las negociaciones que se reanudaran el sábado en Costa Rica. "La expulsión no estaba ordenada en la orden de captura y en ese sentido habrá que analizar si se debió a una necesidad en ese momento", apuntó Rivera Avilés. La Constitución establece que ningún hondureño puede ser expulsado de su país, así como los allanamientos de morada y capturas sólo pueden ser después de las 06:00 hora local, pero a Zelaya se le capturó en la madrugada. Rivera Avilés, al admitir que fue ilegal la expulsión de Zelaya, apuntó que debe analizarse si las Fuerzas Armadas lo hicieron para proteger su vida y evitar un derramamiento de sangre. Argumentó que "no" hubo golpe de Estado, porque las órdenes de captura de Zelaya se emitieron por violentar la Constitución, y por otros delitos, algunos de los cuales por no ser políticos, no son sujetos de amnistía. Durante el gobierno de Zelaya se dieron casos de corrupción, pero el mandatario solía proteger a sus funcionarios, tal es el caso del gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Marcelo Chimirri. El ex funcionario ahora en la Penitenciaria Central Marco Aurelio Soto, tenía la protección de Zelaya, que ante un allanamiento de su vivienda que se hizo por orden judicial, lo que hizo fue destituir al ministro de Seguridad, Alvaro Romero. "En el orden de la Constitución, Zelaya no puede ser presidente desde el momento que atento contra el orden constitucional, al retornar al país tiene que ser puesto a la orden del juzgado competente", señaló Rivera Avilés.